Resumen: El comité de empresa europeo del grupo IAG interpuso demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra la empresa International Consolidated Airlines Group, S.A. La AN declaró su falta de competencia objetiva. Ahora en casación unificadora se plantea si la competencia objetiva para conocer de la denunciada vulneración de los derechos de información y consulta del comité de empresa europeo de IAG corresponde a la Sala de lo Social de la AN o a los juzgados de lo social de Madrid. La sentencia apuntada argumenta que la AN sí tiene competencia objetiva para conocer del fondo del asunto porque el comité de empresa europeo defiende y promueve los intereses de todos los trabajadores del grupo IAG y, en consecuencia, también de todos los trabajadores de las empresas y centros de trabajo situadas en España, y no solo de los centros de trabajo situados en la ciudad de Madrid.
Resumen: RECURSO LEY 41/2015. SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN POR EL T.S.J.DELITO: Delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud del artículo 368.2 del Código Penal.MOTIVOS: Cadena de custodia.Presunción de inocencia.
Resumen: DELITO: Delito continuado de estafa y apropiación indebida agravadas de los artículos 248.1, 248.2 (en su redacción introducida por la LO 15/2003), 249, 252 (en su redacción original), 250.1.6ª y 7º (en su redacción original ) y 74 CP.MOTIVOS: Presunción de inocencia.Dilaciones indebidas, rebaja de la penas dos grados.Individualización de la pena.
Resumen: DESPIDO NULO. SE RECONOCE. VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACIÓN POR EJERCICIO DE HUELGA. FALTA DE CONTRADICCIÓN.
Resumen: Despido. Sucesión de empresas. Se discute la reversión del servicio de explotación de cafetería adjudicado por una administración pública propietaria de elementos patrimoniales para hacer efectiva la prestación del servicio. Falta de contradicción.
Resumen: La sentencia confirma la condena del recurrente, que creó la Fundación Benéfica San Andrés con la finalidad de continuar en la actividad de promoción inmobiliaria que venía desarrollando, siendo que la misma se constituyó como un puro instrumento defraudatorio para acogerse a un régimen fiscal privilegiado, eludiendo así el pago del Impuesto de Sociedades que correspondía por la actividad societaria efectivamente realizada desvinculada de todo fin social. Sobre la denegación de comparecencia del perito de parte en el acto del juicio, se admite que la decisión adoptada por el tribunal de instancia resulta cuestionable, si bien no se estima que la irregularidad no arrastra la nulidad del juicio pretendida pues no detectamos que, pese a ella, se haya afectado al nivel exigible de equidad del proceso, reduciendo de manera constitucionalmente incompatible las expectativas de defensa. la parte no identifica suficientemente en qué medida la presencia del perito hubiera comportado un significativo reforzamiento de la posición de la defensa, en los términos a los que se refiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Murtazaliyeva. El recurrente se limita a identificar la irregularidad, pero no revela que el tribunal no entendiera o malentendiera las informaciones periciales contenidas en el dictamen De contrario, no cabe duda de que el tribunal identificó todas las razones expuestas por el perito y que de manera precisa y motivada las refutó.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación preparado por el SErvicio Andaluz de Salud contra sentencia que estimando el recurso eximió de la función de desinfección de superficies por vía aérea al personal de auxiliar de enfermería. Tiene interés casacional determinar si entre las funciones del personal auxiliar de enfermería cabe considerar integrada la desinfección aérea de superficies para combatir los posibles reservorios de microorganismos causantes de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
Resumen: RECURSO LEY 41/2015. SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN POR EL T.S.J.Delito: Contra la salud pública.Motivos: Drogadicción. Individualización de la responsabilidad personal subsidiaria.
Resumen: La Sala IV, analizando de oficio su propia competencia funcional, reitera que para determinar la cuantía litigiosa en los asuntos relativos a impugnación de actos administrativos enmarcados en el artículo 2.n LRJS, en el caso sanción administrativa relacionada con ERTE y fijeza discontinua, hay que estar al total de las sanciones impuestas por la Administración a la empresa y que son objeto de cuestionamiento en el litigio. La cuantía de la sanción combatida no alcanza la cuantía mínima de 150.000 €, sino que asciende a 25.001 € (tras haberse rebajado, en vía administrativa, su importe inicial de 100.006 €). Habida cuenta de que la sanción impuesta por la Administración a la sociedad recurrente no alcanza el umbral de recurribilidad, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ no podía ser objeto de recurso de casación, lo que debió conducir en su momento a una decisión de inadmisión, tal y como se desprende del art. 213 LRJS.
Resumen: Declarar la competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
